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El pasado 21 de febrero de 2023 se aprobó la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, conocida popularmente como la Ley Whistleblowing.

Participación ciudadana en acciones públicas

Hasta la fecha, la participación ciudadana en la denuncia de actividades irregulares ya estaba prevista en casos como:

  • Investigación de actuaciones contrarias a normativas urbanísticas.
  • Denuncias de actividades perjudiciales para el medioambiente.
  • Protección del patrimonio histórico-artístico.

Sin embargo, en la práctica, los informantes de conductas corruptas o irregulares a menudo han enfrentado fuertes presiones por parte de los denunciados. La Ley Whistleblowing tiene como objetivo principal proteger a aquellos que informen sobre violaciones del ordenamiento jurídico en el contexto de relaciones laborales o profesionales, tanto en el sector público como en el privado.

Ámbito de protección de la Ley Whistleblowing

La ley no solo protege a los trabajadores en activo, sino también a:

  • Personas que han finalizado su relación laboral.
  • Voluntarios.
  • Personas en prácticas o en formación.
  • Candidatos en procesos de selección.
  • Personas que presten asistencia a los informantes, así como a su entorno cercano.
  • Personas jurídicas de propiedad del informante.

Este enfoque amplio del término «informante» tiene como fin garantizar la efectividad de la ley. Además, la protección se extiende a quienes realicen revelaciones públicas a través de plataformas web, redes sociales, medios de comunicación, organizaciones civiles, sindicatos, o incluso a representantes electos, siempre que cumplan ciertos requisitos.

Ámbito de aplicación de la Ley

La Ley Whistleblowing protege a quienes informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con la Directiva (UE) 2019/1937. También cubre infracciones penales y administrativas graves o muy graves según el ordenamiento jurídico español.

Sistemas de información previstos por la ley

La ley contempla dos canales de comunicación para que los informantes denuncien infracciones:

  1. Sistema interno de información: Aplica tanto al sector público como privado, con la creación de buzones de denuncia y responsables del sistema. Se recomienda su uso preferente.
  2. Sistema externo de información: Se establece la Autoridad Independiente de Protección del Informante, encargada de gestionar y tratar la información de manera autónoma. El informante puede optar por utilizar este sistema según las circunstancias y riesgos de represalias.

Protección del informante y atenuación de sanciones

La ley protege a los informantes que cumplan con los requisitos establecidos y que actúen de buena fe. Además, contempla la posibilidad de atenuar o eximir de sanciones administrativas a aquellos informantes que, habiendo participado en la infracción, colaboren diligentemente con las autoridades, siempre que:

  • Hayan cesado en su conducta infractora en el momento de la comunicación.
  • Cooperen de manera plena y continua durante el procedimiento.
  • Faciliten información veraz y relevante.
  • Procedan a reparar los daños que les sean imputables.

Conclusión

La Ley Whistleblowing representa un avance crucial en la protección de quienes informan sobre corrupción y violaciones del ordenamiento jurídico. Estas medidas pretenden garantizar un mejor funcionamiento de la justicia y fortalecer el sistema legal, promoviendo un entorno más transparente y seguro para los denunciantes.

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Contacto
Mélany Resa

Abogada colegiada en el ICAM, especializada en PI, Competencia y NNTT. Experta en derecho contractual, con amplia experiencia en la gestión de carteras de PI y liderazgo en fusiones y adquisiciones. Me definen una comunicación cercana, pensamiento estratégico y capacidad para optimizar procesos legales en derecho mercantil y societario.

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