El pasado 21 de febrero se aprobó la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (popularmente conocida como LEY WHISTLEBLOWING).
Cabe destacar que la participación ciudadana en acciones públicas ya se contemplaba en los siguientes supuestos:
- Impulsar investigación por actuaciones contrarias a normativa urbanística.
- Actividades que puedan perjudicar el medioambiente.
- Para evitar daños al patrimonio histórico-artístico.
No obstante, en la práctica, los informadores de prácticas irregulares o corruptas se han visto en numerosas ocasiones sometidos a fuertes presiones por parte de los denunciados. En estas circunstancias, la “LEY WHISTLEBLOWING” tiene como objetivo principal proteger a los ciudadanos que informen sobre vulneraciones del ordenamiento jurídico en el marco de una relación laboral o profesional con entidades del sector público o privado, también a aquellos otros que ya han finalizado su relación profesional, voluntarios, trabajadores en prácticas o en período de formación, personas que participan en procesos de selección e, incluso, aquellos que presten asistencia a los informadores, personas de su entorno y personas jurídicas que sean propiedad del informante.
Como podemos observar, el ámbito subjetivo de la ley pretende abarcar un concepto amplio de “informador” tendente a garantizar la efectividad de la norma. En este sentido, la protección de la ley se extiende también a quien realice una revelación pública con determinados requisitos, es decir, a quien informe mediante la inclusión de contenido “directamente a través de plataformas web o de redes sociales, o a medios de comunicación, cargos electos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos u organizaciones profesionales y empresariales”.
Por otro lado, el ámbito objetivo-material de la ley es claro. Además de proteger a quienes informen sobre aquellas infracciones del Derecho de la Unión a las que se hace referencia en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, la ley abarca también las infracciones penales y administrativas graves y muy graves previstas en nuestro ordenamiento jurídico.
Cabe señalar que la ley prevé 2 canales de información a través de los cuales los informantes pueden comunicar la infracción :
Sistema interno de información: Tanto en el sector público como en el privado. Abarca tanto el buzón para recepción de la información, como al Responsable del Sistema y el procedimiento. Debería utilizarse de manera preferente para canalizar la información.
Sistema externo de información: Mediante esta Ley se autoriza la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que se regirá por esta ley y por su estatuto. Se constituye como la autoridad independiente y autónoma que gestionará la recepción y tratamiento de la información.
El informante podrá elegir seguir el sistema interno o externo, según las circunstancias y los riesgos de represalias que considere.
A modo de conclusión, la LEY WHISTLEBLOWING ofrece protección a aquel informante que, cumpliendo los requisitos subjetivos señalados, ofrezca información de buena fe de que se han producido o pueden producirse graves hechos perjudiciales. Además, para propiciar la efectividad de la ley, (parecido a lo que ocurre con la Ley de Defensa de la Competencia), se prevé la posibilidad de eximir o atenuar el cumplimiento de la sanción administrativa al informante que haya participado en la comisión de la infracción, siempre y cuando:
- Haya cesado en su comisión al momento de la comunicación.
- Coopere plena, continua y diligentemente en el procedimiento.
- Facilite información veraz y relevante, entre otros.
- Proceda a la reparación del daño que le es imputable.
En aras a un mejor funcionamiento de la justicia y de nuestro ordenamiento jurídico en general esperamos que estas medidas estén a la altura del objetivo buscado.
